A partir del interesante artículo de la magistrada Natalia Velilla publicado hace unas semanas (https://elpais.com/opinion/2021-12-21/discretas-prudentes-y-humildes.html) propongo un acercamiento a la situación de las mujeres juezas en España. Comencemos con unos datos objetivos:
Según el informe “Estructura demográfica de la carrera
judicial” elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cada año las
mujeres suponen más del 70% de las nuevas incorporaciones a la carrera judicial:
actualmente son el 54% de este ámbito profesional. Sin embargo su presencia en
los estamentos superiores del Poder Judicial es mucho menor:
- presiden el 21.7% de las Audiencias Provinciales y el 32%
de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia
- en el Tribunal Supremo únicamente el 22% son magistradas; el
38% en la Audiencia Nacional
Se aprecia una clara discriminación
indirecta de género (IDEAS CLAVE 1 Y 2) pues si bien no existe un mandato
expreso (directo) que impida la promoción de las juezas, la aparente “neutralidad”
de los mecanismos discrecionales de ascenso refuerzan la elección de los
varones y perjudica a sus compañeras: en los últimos años el CGPJ designó algo más
del 21% de mujeres para presidir Audiencias Provinciales y Salas de Tribunales
Superiores de Justicia.
Parece que una causa de
este hecho podría radicar en el mecanismo empleado por el CGPJ: la libre designación,
que presenta rasgos de cooptación masculina: en opinión de la Asociación de
Mujeres Juezas de España, cuando los ascensos se deciden directa y únicamente
atendiendo a criterios de mérito y capacidad -como ocurre con los Decanatos- la
propia carrera judicial se decanta en mayor medida por candidatas femeninas.
Podrían aducirse otras causas como
las cargas familiares, que afectan fundamentalmente a las mujeres y que impedirían
que numerosas candidatas se postularan para ser elegidas por el CGPJ; pero esto
contrasta con el hecho de que, a pesar
de la drástica caída de la natalidad y el retraso en la edad de la maternidad, no
haya habido cambios en la proporción de género de los órganos del gobierno
judicial. Tampoco se ha visto reflejado el imparable aumento de la presencia femenina
en la carrera judicial.
No es difícil extrapolar lo que
ocurre en el ámbito judicial al contexto más amplio de la sociedad global: abrumadoramente,
las mujeres están infrarrepresentadas en los cargos directivos de empresas y
organizaciones. Se suele hablar del “síndrome de la impostora” para explicar
cómo la socialización de las expectativas sociales sobre los roles de género,
al esperar de las mujeres una menor agresividad o una ambición laboral menos obvia
que en el caso de los varones, acaba generando una situación donde la presencia
femenina en ámbitos de poder es poco frecuente (o prácticamente inexistente).
La consecuencia de esta falta de referentes de poder es que muchas mujeres
sufren una falta de autoestima o confianza en sí mismas que las hacen desistir
de desempeñar puestos en sectores tradicionalmente varoniles, a pesar de que, como
en el caso de la carrera judicial, ahora sean mayoría.
Finalmente me gustaría apuntar algunas
estrategias para comprender e intentar cambiar esta situación:
-
Como señala la autora del artículo: es imprescindible
que la Comisión de Igualdad del CGPJ elabore un (ya prometido) estudio demoscópico-sociológico
sobre las razones por las que las mujeres no optan a cargos discrecionales
-
Deberían debatirse la pertinencia de incorporar
medidas de discriminación positiva para la elección de esos cargos, como por
ejemplo las cuotas de género, habida cuenta de que la situación es grave porque
se está incumpliendo un mandato legal: la Ley de Igualdad de 2007 en su
artículo 16 dispone que “Los poderes públicos procurarán atender al principio
de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones
de cargos de responsabilidad que les correspondan.”
Preparando este escrito he tenido
noticia de que hasta 1966 (no hace ni 60 años) en España estaba prohibido el
acceso de las mujeres a la carrera judicial. Esto refuerza la idea de que hace
falta una decidida voluntad por parte de todos los actores sociales y políticos
para alcanzar la plena igualdad de derechos.
